Las razones del Gobierno Nacional y Popular

En medio de la crisis financiera internacional, el Gobierno decidió ponerle fin al sistema de jubilación privada. El anuncio será realizado hoy en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Los cambios, según fuentes oficiales, se realizarán porque "la actual crisis pone brutalmente en evidencia que el sistema privado es conceptualmente inadecuado". La modificación, importantísima en lo que se refiere a las finanzas nacionales, será realizada apenas dos semanas después de que el Gobierno se jactara a los cuatro vientos de la solidez de la economía argentina, por lo que no haría falta apelar a medidas extraordinarias para afrontar las tormentas financieras del Primer Mundo. La medida que tomó la administración K, sin embargo, muestra cierta coherencia para un gobierno que se proclama de izquierda y se autodenomina “nacional y popular”. Es más, desde su lanzamiento, el sistema de capitalización actual fue cuestionado por todos los economistas y dirigentes considerados progresistas. Es que dejar en manos privadas -con la consecuente falta de garantías-, los ahorros previsionales de toda una vida de trabajo es un riesgo demasiado grande según el punto de vista de esta corriente de pensamiento. ¿Qué podría haber pasado con esos ahorros se hubiesen invertido en créditos subprime? Simplemente las Administradoras habrían quebrado con una crisis similar a la que viven muchos ahorristas de Estados Unidos. Sin embargo, la Argentina es un caso especial. Las AFJP invirtieron en papeles que tuvieron un destino similar al de los tóxicos bonos estadounidenses: compraron bonos de la deuda nacional en los peores momentos, en una operación que ni el más estúpido o ignorante de los inversores realizaría. Lo curioso es que fueron obligadas por el Gobierno argentino, primero con Cavallo y luego con Kirchner. Así que, en nuestro país, donde el respeto a la propiedad privada y las convicciones estuvo y está estrictamente determinado por las coyunturales necesidades de caja, una discusión racional sobre la cuestión es una pérdida de tiempo. El Gobierno nacional se prepara a echar mano de los ahorros de los trabajadores para evitar un default, es decir, para pagar la deuda externa. La nacionalización (¿confiscación?) de esos fondos no se realizará para avanzar con la justicia social, ni para dar mayor educación a los habitantes ni para terminar con la pobreza del país.