Cientos de personas, en su mayoría trabajadores del conurbano bonaerense, salieron ayer de sus casas, muy temprano a la mañana para ir a trabajar como lo hacen todos los días. Ayer, como todos los días viajaron en condiciones infrahumanas. También ayer, como muchas veces sucede, hubo demoras en el tren que los lleva hacia la Capital Federal. Dos horas estuvieron parados, varados, encerrados en los vagones, hasta que les abrieron las puertas. El resto de esta historia, los incidentes, la quema de los vagones, la furia, se vio por televisión para todo el país. No que no se pudo ver, ni se puede ver desde hace rato, son las verdaderas causas de estos conflictos, de estos escándalos. Según los dirigentes opositores, el problema es el mismo que el de antes: el descontrol oficial sobre el transporte público, al que se pagan (pagamos todos nosotros) millonarios subsidios para mantener en buenas condiciones y a bajo costo, lo que no sucede en realidad. Pero ayer, hubo otra versión, que fue la historia oficial. El gobierno denunció dijo que los incidentes fueron, en realidad "un atentado" en el sistema de frenos de una formación, y responsabilizó de los hechos a militantes del "Partido Obrero (PO), MST y Proyecto Sur de Pino Solanas". Según el ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández, quien identificó al "militante del Partido Obrero, José María Escobar, que es preceptor de una escuela" como el que dirigía la operación, en la que "alguien que sabía lo que hacía rompió el tablero de los frenos del primer tren, se metió allí y con un líquido produjo el cortocircuito" que detuvo la formación y que sirvió como detonante de los incidentes en la estación Castelar. La versión oficial tiene graves implicancias, ya que admite la acción de un grupo desestabilizador, que cometió un atentado muy grave. Esta vez, no fue de derecha sino de ultraizquierda. Por ello, es verdaderamente importante que se aporten pruebas a la Justicia para sostener las graves acusaciones oficiales.
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