Argentina, después de la derrota K

El Gobierno cordobés, que conduce el ahora díscolo K, Juan Schiaretti, logró aprobar una polémica reforma jubilatoria, a pesar de que se realizaron violentas y masivas manifestaciones de sindicatos estatales en los alrededores de la Legislatura mediterránea. El proyecto prevé un recorte entre 20 y 27 por ciento de las jubilaciones superiores a 5000 pesos. La justificación del gobierno provincial para la implementación del resistido ajuste es que, según denunció el propio Schiaretti reiteradamente, la Nación frenó el envío de fondos a la provincia a partir de la postura del gobernador, contraria a la de la Casa Rosada, en el conflicto con el campo. El atraso en la remisión de fondos incluye, según denuncia la administración provincial, el dinero comprometido para cubrir el déficit de las jubilaciones. Los “premios” o “castigos” con provincias amigas o enemigas no es una práctica exclusiva del kirchnerismo. Gobiernos radicales o peronistas utilizaron ciertos márgenes para potenciar o perjudicar determinados candidatos o administraciones del interior del país. Sin embargo, pocas veces se llevó hasta los extremos esta práctica, porque es verdaderamente riesgosa para la paz social, además de ser perjudicial en el largo plazo para el Gobierno Nacional. Cuando la violencia y la confrontación llegan a determinados límites, la repercusión política llega hasta la Casa Rosada. Sin embargo, a juzgar por la importante movilización y la virulencia de la protesta, esos límites parecen haberse borrado en la actualidad, como si el Gobierno Nacional estuviese decidido ha castigar con todo su poder la disidencia del gobernador Cordobés. ¿Acaso Cristina Fernández, Néstor Kirchner y todo el Gobierno están decididos a imponer su voluntad y subordinar a los díscolos cueste lo que cueste? ¿Fueron los disturbios de ayer apenas una muestra del país de los próximos meses? Esperemos que no.